Estados Unidos. – La acusación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo evoca precedentes de otros líderes latinoamericanos que han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos. Entre ellos destacan Manuel Antonio Noriega de Panamá, Alfonso Portillo de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras, quienes, tras sus mandatos presidenciales, se vieron envueltos en complejas batallas legales con la justicia estadounidense.
Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, enfrenta acusaciones formales por conspiración para el narcoterrorismo, sumándose a una lista de figuras políticas que han cruzado la línea de la diplomacia para ser señalados por delitos graves en territorio estadounidense.
Manuel Antonio Noriega, quien gobernó Panamá de facto entre 1983 y 1989, fue acusado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Su relación con el poder culminó con la invasión estadounidense de Panamá en 1989, conocida como “Operación Causa Justa”, y su posterior condena en cortes de ese país.
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) también enfrentó acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Tras ser extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en Nueva York por lavar fondos desviados del Estado guatemalteco, cumpliendo sentencia en prisión.
Juan Orlando Hernández, quien presidió Honduras de 2014 a 2022, fue declarado culpable en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico y uso de armas. A pesar de haber sido sentenciado a 45 años de prisión, fue liberado en diciembre de 2025 mediante un indulto presidencial.
Otros casos notables incluyen al expresidente hondureño Rafael Leonardo Callejas, quien se entregó a las autoridades estadounidenses por corrupción en el fútbol y fue condenado a tiempo cumplido debido a su estado de salud. Asimismo, el expresidente peruano Alejandro Toledo litigó contra la extradición a su país por acusaciones de soborno, siendo finalmente extraditado y condenado a extensas penas de prisión por su vinculación con la empresa Odebrecht.