La detención de miles y el uso del delito de “Moharebeh” generan preocupación internacional por derechos humanos en Irán
Las protestas en Irán iniciadas en diciembre tras el colapso económico y la depreciación del rial han dejado cientos de muertos y más de 10 mil detenidos. La Fiscalía de Teherán evalúa actualmente qué manifestantes podrían enfrentar la pena máxima bajo cargos relacionados con delitos graves.
Desde el comienzo de los disturbios, las autoridades han acusado a varios detenidos de delitos severos como el “enemistad contra Dios” o “hacer la guerra contra Dios”, conocidos como “Moharebeh”. Esta figura legal, que combina aspectos religiosos y jurídicos, se aplica en casos que las autoridades consideran amenazas a la seguridad pública. La penalización puede incluir desde prisión hasta la pena de muerte, generalmente mediante ahorcamiento. Sin embargo, voces de organizaciones internacionales alertan sobre el uso excesivo y arbitrariedad en estos procesos.
Hasta el momento, unas 10,700 personas han sido arrestadas en varias provincias del país. La mayoría de los detenidos son acusados de haber participado en acciones que se relacionan con los disturbios, que comenzaron tras la devaluación de la moneda oficial, la crisis económica y las fuertes sanciones internacionales por su programa nuclear. La tensión social en Irán ha escalado, incrementando las preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y procesos judiciales cuestionados.
Uno de los casos más alarmantes es el de Erfan Soltani, un joven de 26 años, condenado a la pena de muerte en días recientes. La organización de derechos humanos informó que su ejecución podría concretarse en los próximos días, después de su arresto en enero en Karaj, en el marco de las protestas. Se indica que otros manifestantes enfrentan procesos similares, con algunos en espera de liberación tras pagar fianzas.
El delito de “Moharebeh” se define como cualquier acción que provoque inseguridad pública, como desenvainar armas o atacar a personas y propiedades. La ley iraní contempla penas severas para estos casos, incluyendo la ejecución. La utilización del cargo ha sido criticada internacionalmente, pues en muchas ocasiones se aplica en procesos judiciales que carecen de garantías y transparencia, con condenas que en algunos casos parecen desproporcionadas a la gravedad de las acciones.
Irán vive una crisis económica profunda, exacerbada por sanciones y un entorno político tenso. Las protestas no solo exigen mejoras económicas, sino que también reflejan el descontento con el régimen teocrático que gobierna desde 1979. La represión continúa, y la amenaza de ejecuciones masivas mantiene la atención internacional sobre el país.
Este escenario revela la creciente peligrosidad para los activistas y manifestantes en Irán. La comunidad internacional llama a la prudencia y al respeto por los derechos humanos, aunque las autoridades persisten en condenar y castigar con severidad a quienes desafían su autoridad. La situación sigue en desarrollo, con miles en la cuerda floja y el riesgo de nuevas ejecuciones en el horizonte.