La mayoría de los delitos relacionados con ataques a comunicadores y activistas permanecen sin justicia, pese a la gravedad de la problemática en el país. La violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos en México continúa siendo un grave problema que enfrenta altos niveles de impunidad. Datos recientes revelan que aproximadamente el 98% de los casos de agresiones no reciben sentencia, reflejando una crisis en la protección efectiva de estos actores sociales. Desde 2016, se han documentado más de 360 víctimas, incluyendo periodistas y defensoras, con cifras que también indican intentos de homicidio y desapariciones forzadas, evidenciando la vulnerabilidad en la que operan. La falta de respuestas contundentes por parte del Estado genera una sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. En el contexto actual, expertos resaltan la necesidad imperante de fortalecer las capacidades del Poder Judicial y mejorar los recursos destinados a investigar dichos delitos. La inacción y la burocracia obstaculizan avances, y recientes modificaciones legales han puesto en riesgo la denuncia y protección de activistas y periodistas. La inseguridad también afecta a comunidades indígenas, donde las mujeres rarámuris desplazadas siguen sin poder retornar a sus territorios, incluso tras reconocerse judicialmente su vulnerabilidad por defender derechos humanos. La problemática requiere no solo acciones legales, sino una transformación institucional que tenga en cuenta la perspectiva de género y el contexto social para frenar la escalada de violencia y criminalización. La lucha contra la impunidad en estos casos es uno de los deberes pendientes del sistema judicial mexicano, cuya eficiencia y empatía son fundamentales para garantizar la seguridad y justicia. La necesidad de acciones concretas, con enfoque de género, y una respuesta pronta, son imprescindibles para reducir la vulnerabilidad de quienes defienden derechos fundamen
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