La estrategia de traslado a larga distancia se intensifica como represalia contra migrantes que ejercen sus derechos, afectando su acceso a justicia y bienestar.
El uso de traslados internos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha aumentado notablemente en los primeros meses del año, siendo empleados como una forma de castigo contra migrantes que intentan defender sus derechos o presentar quejas. Esta práctica, que busca disuadir protestas como huelgas de hambre, ha generado preocupaciones entre defensores de derechos humanos, quienes señalan que incrementa la vulnerabilidad de los migrantes detenidos.
Diversos análisis indican que estos movimientos forzados ocurren con mayor rapidez y frecuencia, doblegando los procedimientos habituales y dificultando la defensa legal de los detenidos. La transferencia repetida puede ser especialmente dañina, ya que aleja a los migrantes de recursos legales y redes de apoyo, e imposibilita el contacto con sus abogados y familiares, en ocasiones separándolos en instalaciones lejanas y con limitaciones de acceso.
Un ejemplo impactante es el caso de Milagro Solis Portillo, trasladada en la madrugada desde California a Indiana, a pesar de su salud delicada y sin consulta previa. La reubicación fue vista como un acto de represalia, pues había previamente recibido atención médica y contaba con recursos legales cerca de Los Ángeles. La experiencia deterioró su estado mental, llevándola a decidir regresar a su país de origen por la gravedad de su situación. Además, casos de personas trasladadas múltiples veces muestran un patrón de movilidad que complica aún más la defensa jurídica y el contacto con sus seres queridos, generando un clima de incertidumbre y estrés.
En el contexto actual, expertos señalan que estos movimientos se realizan con un objetivo eficiente para la administración de deportaciones, aunque en detrimento de los derechos humanos. La práctica evidencia la tensión entre las políticas migratorias y la protección de los derechos fundamentales, especialmente en un escenario donde la detención se usa no solo para mantener a los migrantes en custodia, sino también como un instrumento de represalia.