El plans del Ejecutivo también contempla el cierre de centros y agencias, generando oposición de gremios del organismo agrícola.
El gobierno de Argentina se encuentra en plena implementación de un ambicioso proceso de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluye la disposición de rematar 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y una significativa reducción en la cantidad de programas, centros y agencias operativos. La iniciativa, que ha generado alarma entre los trabajadores y técnicos del organismo, también contempla la eliminación de 11 centros regionales y el cierre de 293 agencias en diversas provincias, además de modificar su estructura institucional.
Este plan forma parte de un proceso de optimización y ajuste presupuestario que busca reducir la cartera de programas nacionales activos de 134 a 52. La estrategia incluye fusiones y cierre de varios programas, especialmente aquellos relacionados con Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, considerados por las autoridades como de “escaso impacto productivo.” Asimismo, se prevé la desafectación de aproximadamente 25 mil hectáreas aún en uso pero consideradas prescindibles.
El proceso ha sido acompañado por mediciones de terrenos llevadas a cabo por técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en predios del INTA situados en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Entre los activos a rematar se encuentran campos experimentales utilizados para investigación agrícola y desarrollo sustentable, cuya venta constituye uno de los ejes de la reestructuración.
Este ajuste en el INTA responde a un contexto más amplio de reformas en el sector público, donde se priorizan la reducción de gastos y la reorientación de recursos. La relevancia de esta medida radica en el impacto que puede tener en la investigación agrícola nacional, en el apoyo a pequeños productores y en la estructura institucional que ha sido clave en el desarrollo del agro durante décadas. La posible pérdida de infraestructura y recursos humanos plantea desafíos para la innovación y la sostenibilidad del sector rural.
En el marco de estos cambios, los gremios y organismos vinculados al INTA realizan protestas y movilizaciones para sensibilizar sobre las implicaciones de estos recortes, advirtiendo sobre el posible impacto negativo en la investigación y en las comunidades que dependen de estos programas.
Estos ajustes se inscriben en una tendencia de reorganización del presupuesto público que busca reducir gastos en áreas consideradas prioritarias, aunque no exentas de debate social y técnico, dado su posible afectación al desarrollo agrícola y rural del país.