Las nuevas estrategias de EE.UU. para enfrentar la crisis del fentanilo elevan el riesgo en México, con posibles ataques preventivos y sanciones económicas. La Administración de Donald Trump en Estados Unidos ha redefinido la crisis de drogas, clasificando el fentanilo ilícito como “Arma de Destrucción Masiva” y elevando su estatus a nivel de defensa nacional. Esta medida busca trasladar el enfrentamiento de la problemática de las instancias penales a una estrategia militar, habilitando la imposición de sanciones más severas y acciones en el terreno que incluyen posibles ataques preventivos, incluso en territorio mexicano. Históricamente, los esfuerzos represivos en EE.UU. han mostrado fallas significativas. Desde la declaración en 1971 de Nixon contra las drogas, el número de muertes por sobredosis ha aumentado notablemente, alcanzando más de 110,000 muertes en 2023. La prohibición y la represión han impulsado la aparición de drogas sintéticas más potentes, como el fentanilo, que puede ser transportado en sobres y ha multiplicado las muertes. Sin embargo, la disminución reciente en las cifras de mortalidad, atribuida en parte a la distribución de naloxona, no refleja una reducción en el consumo ni en la cantidad de adictos. México, como vecino fronterizo y receptor del flujo de drogas y armas, enfrenta un riesgo real con estas políticas. La justificación de “autodefensa anticipada” podría abrir la puerta a operaciones militares y ataques preventivos que socaven la soberanía del país. Además, las sanciones financieras y las estrictas inspecciones en las fronteras pueden impactar severamente el comercio legítimo y generar pérdidas económicas millonarias. Este contexto global evidencia que, sin una estrategia efectiva para atender la demanda y los problemas sociales subyacentes, la lucha contra el fentanilo continuará desplazándose y adaptándose, dejando a México en mayor vulnerabilidad. La combinación de políticas militares y sociales será clave para reducir el impac
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