La designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por Trump busca fortalecer su narrativa contra los cárteles, pese a su falta de características químicas bélicas.
El 15 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como arma de destrucción masiva, una medida que ha generado polémica en el ámbito de la seguridad y la política. Aunque el fentanilo ilícito es responsable de miles de fallecimientos por sobredosis en EE.UU., expertos en seguridad cuestionan si realmente cumple con las características de un arma de destrucción masiva, como las químicas, biológicas o nucleares.
El experto en seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez, sostiene que esta categorización responde más a una estrategia política que a una evaluación técnica objetiva. La legislación estadounidense define armas de destrucción masiva como dispositivos diseñados para causar daños en gran escala mediante explosivos, agentes toxicos o radiactivos, ejemplos que distan mucho de la naturaleza del fentanilo, una sustancia que, aunque mortal, no es un arma en sentido bélico.
Esta decisión de Trump busca fortalecer su postura en la lucha contra los cárteles de tráfico de drogas, elevando potencialmente las penas a niveles que incluyen cadena perpetua o incluso pena de muerte. Sin embargo, muchos analistas señalan que dicha medida podría ser una forma de movilizar el discurso público en torno a una crisis de salud que ha evidenciado la gravedad de la problemática de las adicciones en Estados Unidos.
El contexto actual muestra un crecimiento en la percepción del fentanilo como una amenaza que trasciende su uso medicinal, vinculada también a la problemática del tráfico ilícito. La reconfiguración del debate en torno a su peligrosidad puede tener implicaciones en la formulación de políticas públicas y en la percepción de la seguridad nacional en el país vecino.
Este tipo de decisiones políticas, muchas veces con un fuerte componente simbólico, revelan la complejidad en el enfoque de la lucha contra el narcotráfico y las adicciones, donde los debates sobre clasificaciones y penas reflejan también intereses políticos internos y externos.