La Fiscalía de Tarija formalizó la acusación contra el expresidente, en medio de una crisis política que divide al Movimiento al Socialismo y pone en jaque su carrera.
La Fiscalía de Tarija, en Bolivia, ha presentado una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas. La denuncia se fundamenta en una investigación que señala una relación con una menor de edad en 2016, durante su mandato presidencial, lo que podría derivar en un proceso judicial en su contra. Tras un análisis exhaustivo de las pruebas, las autoridades esperan que un juez fije una fecha para la audiencia de juicio oral, que podría marcar un punto de inflexión en la trayectoria política del exmandatario.
Este caso se produce en un contexto de fuerte fractura interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que Morales impulsó durante décadas y que enfrenta su peor crisis desde su fundación. La pérdida de apoyo popular, las divisiones internas y las denuncias penales han debilitado la estructura del movimiento político, que en 2025 sufrió una derrota electoral a solo dos años de recuperar el poder. Líderes emergentes como Andrónico Rodríguez y Eva Copa trabajan en la conformación de un nuevo liderazgo que aleje al MAS del estilo caudillista tradicional, en un intento por revitalizar su base y reconstruir su influencia.
El proceso contra Morales se intensificó en 2024, cuando la fiscal departamental Sandra Gutiérrez ordenó su captura, tras declarar en rebeldía al exmandatario, que permanece asilado en el Trópico de Cochabamba, su eje político y sindical. La acusación también afecta a su figura, puesto que su implicación en estos hechos podría significar el fin de su trayectoria política activa en Bolivia. La investigación y el posible proceso judicial reflejan las profundas tensiones actuales en el país y la compleja transición que enfrenta tanto Morales como su partido.