Médidas que evalúan la capacidad de crianza generan debate ético y derechos reproductivos en el contexto danés y groenlandés, con casos donde madres luchan por recuperar a sus hijos.
Una creciente controversia ha impactado a Dinamarca, tras revelarse testimonios de madres groenlandesas cuya custodia de sus hijos fue arrebatada al nacer debido a evaluaciones conocidas como Pruebas de Aptitud Parental, o FKU. Estas evaluaciones, diseñadas para determinar si una persona posee las condiciones emocionales, económicas y psicológicas necesarias para criar a un niño, han sido utilizadas en distintas reformas en sistemas de bienestar infantil con el objetivo de prevenir casos de negligencia o maltrato. Sin embargo, su aplicación ha generado un intenso debate ético, especialmente en comunidades indígenas como la groenlandesa, donde las distorsiones en los resultados y decisiones han sido denunciadas.
Históricamente, el gobierno danés prohibió el uso de estas pruebas en familias groenlandesas tras décadas de críticas por sesgos y discriminación. A pesar de ello, las evaluaciones siguen siendo parte del proceso en familias danesas, manteniendo cuestionamientos sobre su validez y ética. Casos como el de Keira, una mujer groenlandesa que solo pudo convivir dos horas con su bebé tras el parto, reflejan las dificultades que enfrentan muchas madres en estos procesos. Keira sostiene que su evaluación concluyó que no lograba cumplir con las competencias parentales necesarias, una afirmación que ella desafía y considera injusta.
Otro ejemplo destacado es el de Pilinguaq, madre de tres hijos que en 2021 fueron puestos bajo tutela temporal. Aunque logró recuperar a su hija menor, aún aguarda que la justicia le permita acudir con sus otros hijos en los próximos meses, en un proceso que ha sido determinado por las autoridades locales y no por informes gubernamentales. La polémica en torno a estas evaluaciones se suma a un debate internacional sobre los derechos de las familias y la protección infantil, en un contexto donde algunos países europeos consideran su empleo en casos específicos, mientras en América Latina la discusión apenas empieza a abrirse.
Expertos advierten que si bien la protección de los menores es prioritaria, las políticas deben garantizar que los derechos reproductivos y familiares no sean vulnerados por procedimientos invasivos o discriminatorios. La experiencia en Groenlandia evidencia la necesidad de revisar estas prácticas para evitar decisiones que puedan afectar injustamente a comunidades indígenas y a las madres en situación vulnerable.