El Departamento de Justicia de EE.UU. debe informar sobre las condiciones de reclusión del narcotraficante mexicano, que denuncia aislamiento extremo
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Justicia responder sobre las condiciones de reclusión de Rafael Caro Quintero, acusado de narcotráfico y otros delitos. La instrucción, emitida el 11 de agosto, solicita que los fiscales respondan a más tardar el 18 de agosto si están de acuerdo o no con modificar su régimen de encarcelamiento.
El juez Frederic Block requiere que las autoridades aclaren si mantienen el régimen de aislamiento extremo del capo, quien actualmente cumple prisión en la cárcel metropolitana de Brooklyn desde febrero. La decisión puede derivar en una audiencia especial si el juez considera necesario revisar el caso.
Los abogados de Caro Quintero presentaron una carta de 18 páginas en la que denuncian que su cliente está sometido a medidas similares a las que enfrentan personas acusadas de terrorismo. Describen que el narcotraficante está confinado en una celda pequeña y sin ventanas, 23 horas al día de lunes a viernes, y 24 horas los fines de semana, sin posibilidad de hacer ejercicio. Además, reportan que recibe sus alimentos a través de una ranura en la puerta, en soledad, con luz constante y condiciones de temperatura irregular.
Los defensores señalaron que estas condiciones pueden afectar su salud física y mental, además de limitar el contacto con su familia y sus abogados, dificultando la defensa legal. Consideran que esto equivale a un “castigo por adelantado” a un individuo que aún no ha sido juzgado ni declarado culpable.
Por otro lado, Caro Quintero enfrenta cargos de narcotráfico y la acusación de haber ordenado el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Kiki Camarena, ocurrido hace 40 años. Aunque los fiscales han señalado que no buscarán la pena de muerte, el proceso judicial sigue en curso y en septiembre se realizará una audiencia de revisión.
Se espera que la respuesta del Departamento de Justicia determine si el régimen de encarcelamiento del narcotraficante será modificado o si se mantiene en las condiciones denunciadas por sus abogados.