La implementación del estado de excepción y construcción de cárceles en Honduras no ha logrado los mismos resultados que en El Salvador, evidenciando diferencias en su eficacia.
Desde diciembre de 2022, el gobierno de Honduras ha adoptado medidas similares a las aplicadas por Nayib Bukele en El Salvador para combatir las pandillas, incluyendo un estado de excepción en zonas clave del país como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estas medidas buscar reducir los altos índices de violencia mediante la suspensión temporal de derechos constitucionales y operaciones militares en las prisiones. Además, la presidenta hondureña anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, proyectadas para albergar a 1,500 reclusos, aunque hasta ahora las obras no han iniciado. A diferencia del éxito en El Salvador, donde los homicidios bajaron significativamente, en Honduras los resultados no han sido tan efectivos, poniendo en duda la efectividad de esta estrategia en diferentes contextos. La realidad evidencia que el control social y la seguridad requieren enfoques adaptados a las circunstancias particulares de cada país, lejos de soluciones únicas.