La aplicación de medidas similares en Honduras ha tenido resultados menos efectivos y enfrenta críticas, contrastando con los avances en El Salvador.
Desde diciembre de 2022, el gobierno de Honduras implementó una política similar a la estrategia de mano dura que ha aplicado el presidente Nayib Bukele en El Salvador, con la intención de combatir el aumento de la violencia relacionada con las pandillas. La nación centroamericana decretó un estado de excepción en zonas clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, suspendiendo ciertos derechos constitucionales y permitiendo operaciones militares para recuperar el control de las prisiones.
A pesar de estas acciones, los resultados en Honduras no han sido igual de exhibidos como los logros en El Salvador, donde las tasas de homicidio comenzaron a estabilizarse tras las medidas de seguridad. En contraste, en Honduras persiste una alta percepción de inseguridad, y las estrategias de endurecimiento han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre posibles abusos y la falta de resultados sostenibles.
En paralelo, el gobierno hondureño anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad para fortalecer la estrategia, aunque hasta la fecha las obras no han comenzado. Esta iniciativa forma parte de un enfoque que busca mantener una postura rígida contra las organizaciones criminales, pero aún enfrenta dudas respecto a su efectividad y respeto a los derechos fundamentales.
La diferencia en los resultados entre ambos países evidencia que la simple replicación de modelos exitosos no siempre produce los mismos efectos, siendo crucial analizar las particularidades sociales, institucionales y políticas antes de aplicar medidas similares.