La medida, liderada por el gobierno de Nayib Bukele, mantiene restricciones constitucionales a la seguridad y genera debate sobre derechos humanos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha decidido extender durante un mes más el régimen de excepción instaurado para combatir la violencia y el crimen organizado en el país. Bajo esta modalidad, se suspenden garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y se aumenta el tiempo máximo de detención administrativa, que pasa de tres a quince días. La medida, promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele, fue aprobada tras un incremento notable en la violencia que dejó más de 80 homicidios en un solo fin de semana en marzo de 2022. La aprobación de este régimen responde a la necesidad de desmantelar a las pandillas que han sembrado terror en varias regiones, logrando una reducción significativa en las tasas de homicidio. Sin embargo, civiles y organizaciones internacionales advierten que las restricciones también han llevado a detenciones arbitrarias, torturas y condiciones carcelarias precarias, además de limitar mecanismos judiciales y civiles de supervisión. La presencia del régimen de excepción ha sido constante, generando preocupaciones sobre una posible erosión del Estado de derecho y un aumento en las prácticas de represión sin control efectivo. Expertos analizan que este esquema podría consolidarse como una herramienta de gobernanza más allá de su carácter temporal, afectando la independencia judicial y las libertades fundamentales. La comunidad internacional insiste en que las medidas no deben convertirse en una política de permanencia, advirtiendo que la percepción de inseguridad y el control social pueden consolidarse a costa de derechos esenciales.