El gobierno estadounidense amenaza con sanciones económicas ante el problema de aguas residuales no tratadas en Tijuana, en medio de negociaciones bilaterales sobre el Tratado de Aguas de 1994.
En medio de las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1994, la Administración estadounidense ha elevado su presión, denunciando que las aguas residuales sin tratar en la frontera afecta tanto a comunidades mexicanas como a regiones de Texas y California. La confrontación se intensificó tras acusaciones de que México envía millones de galones de aguas residuales al río Tijuana, principalmente debido a fallos operativos en la planta de tratamiento de aguas de esa localidad. Estas descargas representan un riesgo sanitario para áreas cercanas, como Imperial Beach y Coronado, según reportes visuales y voces en off.
El anuncio de Trump ocurrió pocas horas después de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asegurara en una conferencia matutina que las negociaciones continuaban con Estados Unidos. La funcionaria informó que, tras rechazos a propuestas mexicanas, se presentó una segunda oferta que considera la actual sequía, proponiendo un reparto escalonado de agua para cumplir con las demandas de Trump antes de 2025. La tensión se incrementó con la amenaza de un arancel adicional del 5% si México no atiende esas pretensiones, rompiendo la aparente tregua alcanzada en una reunión en Washington reciente.
La situación revela la importancia de gestionar eficientemente los recursos hídricos en una región cada vez más afectada por el cambio climático y la sequía. La demanda de soluciones inmediatas por parte de Washington subraya la necesidad de fortalecer las infraestructuras y políticas binacionales para garantizar el acceso y la calidad del agua, recursos críticos ante las crecientes demandas transfronterizas y los desafíos ambientales.