La escalada militar en la región genera preocupaciones internacionales ante la falta de confirmación sobre la presencia de narcotraficantes y las posibles violaciones al derecho internacional.
En una serie de operaciones militares, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, sin realizar verificaciones exhaustivas para determinar si estas vessels estaban vinculadas al narcotráfico. Estas acciones, que comenzaron en septiembre de 2025 en el contexto de una estrategia contra el “narcoterrorismo venezolano”, han resultado en la muerte de al menos 61 personas, según informes recientes. Los ataques han incluido la destrucción de lanchas presuntamente traficantes y, en algunos casos, embarcaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), generando serias críticas internacionales.
Estos operativos se justifican bajo la premisa de combatir el transporte ilícito, pero expertos y organismos internacionales advierten sobre las posibles violaciones al derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el costo humano de estas acciones, pidiendo que cesen inmediatamente, pues la falta de identificación previa de las víctimas supone una violación a los derechos fundamentales y a las normativas internacionales. La tendencia de estas incursiones, que también alcanzaron aguas del Pacífico cerca de Colombia y Venezuela, refuerza la necesidad de establecer procedimientos claros que respeten la legalidad y garanticen la protección de las vidas humanas involucradas.
Desde el inicio de estas operaciones, el gobierno estadounidense ha incrementado de manera significativa sus acciones militares en la región, en un contexto de tensión diplomática y de lucha contra el narcotráfico que muchos analistas consideran excesivamente agresiva y sin controles adecuados.