La cifra de migrantes detenidos en julio fue de 1,400, una reducción significativa respecto a junio, y genera debate sobre la efectividad de la política migratoria.
En julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó que las autoridades migratorias arrestaron a 1,400 migrantes en California, una caída de 1,392 respecto a los 2,792 detenidos en junio. La disminución se produce dos meses después de la implementación de una operación de deportación masiva por parte de la administración del expresidente Donald Trump.
La reducción en los arrestos ha sido interpretada por defensores de los derechos de los migrantes como un ejemplo de que se pudo haber alcanzado el mismo resultado sin recurrir a políticas basadas en el miedo. La estrategia inicial incluía redadas en calles y lugares de trabajo para evitar la ley de “Santuarios”, que limita la cooperación con las autoridades federales en ciertos municipios.
El 2 de agosto, un portavoz de la administración Trump afirmó que “la secretaria Noemí Salazar desplegó a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para arrestar a inmigrantes delincuentes, incluyendo terroristas, pandilleros, asesinos, pedófilos y depredadores sexuales”. Además, aseguró que continuarán aplicando la ley y eliminando a “los peores de los peores”.
A pesar de estos esfuerzos, no se ha alcanzado la meta autoimpuesta de arrestar a 3,000 migrantes en Estados Unidos. La estrategia de redadas espontáneas en comunidades, como la “Operación Caballo de Troya” que resultó en 16 detenciones en un Home Depot, continuará siendo utilizada para cumplir con los objetivos migratorios del gobierno.
Este cambio en las cifras refleja un posible impacto de las políticas migratorias y genera debate sobre su eficacia y consecuencias en los derechos humanos.
