Las pruebas que determinan la idoneidad para criar deben equilibrar protección infantil y derechos reproductivos, tras revelar casos de separación de bebés en Groenlandia.
En un reciente episodio de debate ético y social, Dinamarca se encuentra bajo observación por las prácticas que evalúan la “aptitud parental” en sus comunidades, en especial en Groenlandia. Estas evaluaciones, que buscan identificar riesgos de negligencia o maltrato infantil, han sido criticadas por su posible sesgo y efectos discriminatorios en poblaciones indígenas. La controversia se intensifica tras la revelación de casos donde mujeres groenlandesas perdieron la custodia de sus bebés tras evaluaciones realizadas durante o cerca del parto, como en el caso de Keira, quien solo pudo estar con su hijo unas horas después del nacimiento antes de que fuera separado por las autoridades. Otro ejemplo es el de Pilinguaq, madre de tres hijos, cuyo proceso de recuperación de la tutela aún está en curso. Aunque estas pruebas persisten en Dinamarca, en otros países europeís se analizan en contextos específicos, y en América Latina comienza a debatirse su uso en casos de violencia o riesgo social. La discusión plantea la necesidad de garantizar que las políticas protejan efectivamente a los menores sin vulnerar derechos fundamentales, evitando prácticas invasivas o discriminatorias que puedan afectar injustamente a familias vulnerables.