Los jueces ponen en duda la legalidad del uso de la Ley de Poderes de Emergencia para imponer gravámenes sin autorización congresional, tras un contexto de cambios políticos en Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos inició una revisión judicial que podría limitar el poder presidencial en materia de aranceles comerciales. La audiencia, que duró más de dos horas y media, puso en tela de juicio la legalidad de la utilización de la Ley de Poderes de Emergencia de 1977 para aplicar gravámenes del 10% al 50% sobre miles de productos importados, sin una autorización explícita del Congreso. Aunque en su momento estas medidas fueron justificadas por el gobierno para reducir el déficit comercial y combatir el comercio ilícito de fentanilo, los magistrados expresaron dudas sobre la autoridad del Ejecutivo en este ámbito, dado que la ley no contempla expresamente los aranceles.
En un cambio de postura respecto a decisiones anteriores, la corte mostró mayor escepticismo frente a las acciones del expresidente Donald Trump, cuyos aranceles ya cobraron más de 100,000 millones de dólares. La magistrada Amy Coney Barrett solicitó detalles legales que respalden un alcance tan amplio para la delegación de poderes, mientras que jueces como Neil Gorsuch advirtieron sobre posibles usos futuros, como imponer altos aranceles a automóviles para otras políticas. La resolución final podría llegar a finales de año, afectando tanto los ingresos recaudados como la política comercial estadounidense.
Este giro judicial responde a un contexto político en transformación. La reciente victoria de un joven dirigente progresista en Nueva York, además de la tendencia en cambios políticas en Washington, indica una posible intensificación del control legal sobre las acciones presidenciales en temas económicos. La decisión de la corte refleja una tendencia hacia limitar las facultades del Ejecutivo, en un momento en que el país enfrenta múltiples retos internos y externos.