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Internacional

Conflicto energético entre México y EE. UU. se intensifica antes del T-MEC

La disputa por las reformas energéticas mexicanas genera tensiones con EE. UU. y Canadá, poniendo en riesgo la revisión del tratado en 2026 por prácticas discriminatorias.

Por Redacción1 min de lectura
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La disputa por las reformas en el sector energético mexicano y su impacto en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá se endurece, poniendo en riesgo la revisión del acuerdo en 2026.

En los últimos meses, el panorama de la energía en México ha generado tensiones con Estados Unidos y Canadá debido a cambios regulatorios en el sector energético. Reformas recientes refuerzan el papel de las empresas estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitando la participación del sector privado en actividades como exploración, producción y distribución de combustibles y electricidad. Estas modificaciones han sido interpretadas por los socios comerciales como una desviación del espíritu de competencia contenido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Diversas organizaciones empresariales norteamericanas expresaron su preocupación a fines del año pasado, solicitando mecanismos que aseguren un trato equitativo y no discriminatorio para las inversiones de su país en el sector energético mexicano. La iniciativa legislativa estadounidense llamada “Ley de Cumplimiento de Comercio Energético Mexicano” busca también garantizar estos derechos y evitar prácticas que puedan perjudicar a las empresas del vecino del norte.

Este contexto se agrava por la existencia de un mecanismo de resolución de controversias del T-MEC que, en su momento, fue activado en julio de 2022 para abordar las políticas energéticas mexicanas, aunque sin llegar a instaurar un panel formal. La revisión prevista para 2026 tendrá que considerar estas disputas, que podrían escalar y generar una renegociación más profunda si las tensiones persisten.

Mientras tanto, la postura oficial mexicana sostiene que sus reformas cumplen con las obligaciones del tratado y promueven una inversión ordenada y transparente. Sin embargo, expertos advierten que la legislación vigente favorece claramente a Pemex y CFE, limitando la participación privada y generando riesgo de provocarse un conflicto internacional que afecte la cooperación económica en la región.

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