Los recientes atentados en Cali y Amalfi evidencian la escalada de violencia y la amenaza de grupos armados en varias regiones del país.
En las últimas horas, Colombia ha sido escenario de una serie de ataques que muestran el incremento en la actividad violenta de grupos armados ilegales. Un explosivo en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, dejó al menos cinco civiles muertos y catorce heridos, en un atentado que reactivó las alarmas en la región. Este incidente ocurrió semanas después de una serie de ataques coordinados en la misma zona en junio, que resultaron en varias víctimas, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
Asimismo, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de apoyo a las operaciones policiales fue derribado con un dron, causando la muerte de ocho oficiales y dejando otros tantos heridos. El ataque ocurrió durante labores de erradicación manual de cultivos ilícitos y se atribuye a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36, y al Clan del Golfo, evidenciando la colusión de actores criminales en la región.
Las autoridades colombianas preparan una respuesta contundente, con el anuncio del presidente Gustavo Petro de clasificar como organizaciones terroristas al Clan del Golfo y a dos disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La presencia constante de estos grupos en distintas regiones del país, junto con su capacidad para realizar ataques espectaculares, representa un desafío grave para la seguridad nacional y la estabilidad del territorio. La situación en el país refleja una problemática compleja que involucra narcotráfico, insurgencia y parasitismo criminal, factores que mantienen en alerta máxima a las fuerzas de seguridad y a la población civil.