El gobierno de Milei implementó una estrategia de gasto masivo en dólares que afectó reservas y generó debate sobre su impacto económico y fiscal.
En los meses previos a las elecciones nacionales, el gobierno de Javier Milei desplegó una serie de intervenciones en el mercado cambiario que implicaron un gasto cercano a los 25 mil millones de dólares. Este entramado de políticas, conocido en algunos círculos económicos como “populismo cambiario”, tuvo como objetivo principal mantener el valor del peso y evitar devaluaciones abruptas, aunque a un costo fiscal y en reservas convertido en una de las mayores cargas en la historia reciente del país.
Durante este período, el Banco Central y el Tesoro Nacional realizaron ventas masivas en el mercado spot y en futuros, con picos que alcanzaron los 6.844 millones de dólares en posiciones vendedoras en moneda futura. Además, se hicieron intervenciones en títulos públicos dolarizados y se realizaron operaciones indirectas mediante organismos públicos y fondos públicos, incluido el Fondo de Garantía de la Seguridad Social (FGS). El nivel de liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador fue fundamental, aunque en muchos casos, estas maniobras implicaron un riesgo de desequilibrio mayor a largo plazo.
Este estilo de gestión llega en un contexto donde las reservas internacionales muestran un agotamiento progresivo y donde economistas advierten que las operaciones masivas de intervención podrían estar ocultando una posible crisis de mayor escala si no se toman decisiones estructurales. La estrategia, que también incluyó bonos vinculados al dólar y licitaciones de deuda en moneda extranjera, ha generado suspicacias respecto a la sostenibilidad futura del esquema económico y la credibilidad de la política monetaria.
Por su parte, los analistas destacan que estas acciones buscan ganar tiempo en medio de la incertidumbre electoral y que el costo fiscal y político será elevado, quizás requiriendo ajustes dramáticos tras los comicios. La gestión del peso y las reservas continúa siendo uno de los mayores desafíos para el nuevo gobierno, especialmente si las políticas de intervención se sostienen en un escenario de dificultades financieras.