La decisión, que incluye la participación de fuerzas estadounidenses y chilenas, viola normativas nacionales y genera polémica sobre la soberanía.
El Gobierno argentino dictó un decreto que permite la entrada de fuerzas militares extranjeras en el territorio nacional para realizar ejercicios en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Estas maniobras, programadas del 20 de octubre al 15 de noviembre, incluyen la participación de las Fuerzas Navales de Operaciones Especiales del Comando Sur de Estados Unidos, en un contexto de estrecha cooperación internacional y fortalecimiento de alianzas estratégicas. Entre los ejercicios previstos, destaca el “Tridente”, una operación conjunta entre Argentina y Estados Unidos, que busca mejorar la interoperabilidad y preparar a las fuerzas militares argentinas para escenarios complejos, tanto en combate como en asistencia humanitaria. Además, se realiza el ejercicio “Solidaridad” entre Argentina y Chile, centrado en fortalecer capacidades ante desastres naturales, en el marco de un acuerdo bilateral aprobado por ley.
Este decreto prescinde del trámite legislativo habitual, lo que ha generado críticas por parte de expertos y legisladores que señalan una vulneración a las normativas constitucionales y legales, que exigen la aprobación previa del Congreso para la entrada de tropas extranjeras. Luciano Anzelini, especialista en Defensa, advirtió que estas maniobras se realizarían de manera irregular y que representan un movimiento estratégico con implicaciones geopolíticas significativas, particularmente en la proyección del poder en el Atlántico Sur y en la región antártica. En un contexto de creciente presencia de Estados Unidos en América Latina y las tensiones con China por influencia en la región, estas acciones refuerzan las dudas sobre la autonomía y la soberanía argentina, a la vez que evidencian un alineamiento con intereses internacionales en un escenario de rivalidad geoestratégica global.
Analistas señalan que estas maniobras, realizadas sin la debida consulta legislativa, podrían afectar la capacidad de respuesta y el nivel de independencia de las fuerzas armadas nacionales, además de enviar señales políticas que refuerzan la cercanía con las políticas militares de Estados Unidos en la región. La situación ha abierto un debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y respetar los procedimientos constitucionales en decisiones que tienen impacto en la soberanía del país.