La empresa estadounidense busca descontar una sentencia del CIADI en la futura concesión de la represa Alicurá, en un contexto de polémica y dudas sobre el proceso.
El proceso de concesión de las principales represas hidroeléctricas del norte de Argentina ha despertado inquietudes por posibles irregularidades y trasfondos políticos. En el marco de la licitación que abrirá el 23 de octubre para adjudicar cinco centrales construidas en los años noventa, una de las protagonistas es la multinacional AES. La firma ha logrado una sentencia favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por aproximadamente 750 millones de dólares, y pretende descontar esa suma del valor de la represa Alicurá en el proceso de reconcesión. Este movimiento genera controversia, ya que algunos sectores cuestionan si una empresa que demandó al Estado debiera participar en una licitación pública. Por otro lado, el proceso ha sido marcado por dudas sobre el valor real de los activos y la transparencia en los procedimientos. Legisladores patagónicos argumentan que la tasación fue subestimada y que no se respetaron los procedimientos legales establecidos. La licitación prioriza centrales como El Chocón y Piedra del Águila, con mayor capacidad instalada, pero la modificación en los requisitos de experiencia del pliego, que supuestamente se redujo a requisitos menores para facilitar la participación de empresarios amigos, ha alimentado sospechas de favoritismos. La suspensión sorpresiva de la apertura de sobres, prevista inicialmente para el 23 de octubre, profundiza las dudas sobre las presiones e intereses en juego. Este proceso se enmarca en un contexto de mayor apertura a inversiones extranjeras en el sector energético, en medio de tensiones con potencias como China y Estados Unidos, y un interés renovado del Estado argentino en recuperar recursos estratégicos. La gestión de las represas, que en su mayoría fueron construidas con fondos públicos y luego privatizadas, representa un capítulo clave en la discusión sobre la soberanía energética y la transparencia en las privatizaciones realizadas en los últimos años.