WASHINGTON, D.C. – La administración del presidente Donald Trump está analizando un posible cambio significativo en la política de vacunación infantil en Estados Unidos, que implicaría que el gobierno federal deje de recomendar de manera directa la mayoría de las vacunas para niñas y niños. La propuesta busca trasladar el peso de la decisión a los padres, quienes evaluarían caso por caso con sus médicos, marcando un giro histórico en la estrategia de salud pública del país.
Este planteamiento rompe con décadas de lineamientos claros emitidos por las autoridades sanitarias, que han mantenido un calendario de vacunación unificado como eje central para prevenir brotes de enfermedades infecciosas. En su lugar, el nuevo enfoque priorizaría la denominada “toma de decisiones clínicas compartidas”, donde cada familia discutiría con su médico las vacunas a aplicar y sus momentos.
El impulso a esta medida se alinea con la postura crítica que Trump ha sostenido frente al esquema actual de inmunización, una visión que comparte el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quien ha cuestionado reiteradamente el número de vacunas incluidas en el calendario infantil. Aunque aún no se definen qué biológicos dejarían de recomendarse, el mensaje político ya genera inquietud en el sector médico.
Actualmente, el calendario de vacunación en Estados Unidos protege contra 18 enfermedades infecciosas, incluida la Covid-19, y es considerado por especialistas como una barrera fundamental contra padecimientos prevenibles. Expertos en salud pública advierten que diluir las recomendaciones oficiales podría generar confusión entre padres y profesionales de la salud, además de potencialmente reducir las tasas de vacunación infantil.
El gobierno sostiene que el cambio no implicaría eliminar el acceso a las vacunas, ya que las aseguradoras continuarían obligadas a cubrirlas. Sin embargo, epidemiólogos alertan que la ausencia de una recomendación clara podría interpretarse como una falta de consenso científico, debilitando la confianza en la vacunación y aumentando la vulnerabilidad de la población infantil.
Como referencia, se ha señalado el modelo de Dinamarca, donde el calendario contempla menos vacunas y prioriza evaluaciones médicas individualizadas. No obstante, especialistas subrayan que las diferencias demográficas, sociales y epidemiológicas entre ambos países hacen complejo trasladar ese esquema sin riesgos adicionales para la salud pública estadounidense.
Este cambio no partiría completamente de cero. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya aplicaron de forma parcial el modelo de decisión compartida en vacunas como la de Covid-19 y hepatitis B para grupos específicos, sentando un precedente para una posible ampliación del enfoque.
El debate se intensifica en un contexto de creciente desinformación sobre vacunas y de descensos en la cobertura infantil en algunas regiones del país. Para muchos especialistas, cualquier ajuste al calendario debe considerar no solo la libertad de decisión, sino también el impacto colectivo que tiene la vacunación en la prevención de brotes y en la protección de los sectores más vulnerables.
