Ciudad de México. – La reciente aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur enfrenta un camino complejo hacia su ratificación final. A pesar del visto bueno de la UE, el pacto podría encontrar resistencia tanto en el Parlamento Europeo como en los parlamentos nacionales de los países miembros.
La firma del acuerdo, prevista en Asunción, Paraguay, marca el inicio de un proceso que podría extenderse hasta 2026. La incertidumbre radica en la necesidad de aprobación por parte del Parlamento Europeo y, en algunos casos, de los parlamentos nacionales, donde las objeciones de países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda podrían obstaculizar su implementación.
El Parlamento Europeo no tiene la facultad de modificar el acuerdo, sino únicamente de aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. Existe una división significativa entre los eurodiputados, y el resultado de la votación final se prevé ajustado. Además, un grupo de eurodiputados ha cuestionado la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, lo que podría llevar a una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y retrasar aún más el proceso.
Más allá del ámbito europeo, la ratificación de los capítulos no puramente comerciales del acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de cada Estado miembro de la UE. Este proceso, que puede prolongarse durante años, abre la puerta a que países que se opusieron al acuerdo en el Consejo Europeo puedan ejercer su veto a nivel nacional. El Parlamento austríaco, por ejemplo, ya se ha pronunciado en contra del acuerdo.
A pesar de estos obstáculos, el acuerdo se aplicará de manera provisional, incluso si no todos los países han completado el proceso de ratificación. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno a la aprobación final del pacto, lo que genera interrogantes sobre su futuro a largo plazo.
El futuro del acuerdo UE-Mercosur dependerá de la superación de estos obstáculos políticos y legales. La atención se centra ahora en el debate dentro del Parlamento Europeo y en las decisiones que tomen los parlamentos nacionales de los países miembros en los próximos meses.