La sanción por 863 millones de pesos afecta la hacienda pública y el futuro administrativo.
La Contraloría de Hidalgo ha inhabilitado a cuatro exservidores públicos por irregularidades en la contratación de servicios con Banco Accendo. Este escándalo representa un daño patrimonial de 863 millones de pesos.
Los exfuncionarios, incluyendo a la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas, ignoraron alertas de insolvencia del banco, lo que complicó la recuperación de recursos públicos. La inhabilitación afecta su capacidad para desempeñar funciones en el servicio público.
Además, el Gobierno de Hidalgo se posiciona como acreedor en el proceso de liquidación judicial. La recuperación de los activos depende del concurso mercantil del banco, que fue cerrado en septiembre de 2021 por la CNBV.