A pesar de ser el cabildo mejor pagado en Hidalgo, sus integrantes muestran labores mayormente sociales y carecen de impactos legislativos efectivos.
El municipio de Actopan en Hidalgo destina mensualmente más de 2.6 millones de pesos a salarios y dietas de sus funcionarias y funcionarios municipales, posicionando a su cabildo como el de mayores percepciones en el estado. Sin embargo, los informes de actividades presentados por sus miembros revelan que, en la mayoría de los casos, se concentran en actividades sociales, eventos cívicos y gestiones comunitarias, en contraste con las funciones legislativas y de fiscalización que exige la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo.
El análisis del período de enero a marzo de 2025 muestra que la presidenta municipal, Imelda Cuéllar Cano, recibe en total 172 mil pesos mensuales, combinando sueldo y dieta. Otros regidores perciben cantidades similares, en algunos casos, superiores a las del propio gobernador de Hidalgo, quien recibe poco más de 76 mil pesos al mes. Además, cuatro regidores mantienen empleos en el sector público educativo, sumando sus percepciones con los cargos en el ayuntamiento y aumentando aún más el gasto público.
El marco legal establece que ningún servidor público debería recibir ingresos mayores a los del gobernador, una regla que algunos regidores incumplen al contar con empleos adicionales. Aún así, no se han registrado sanciones formales a estas prácticas, pese a advertencias de la Contraloría estatal que busca evitar que se sigan acumulando percepciones indebidas.
Por su parte, los informes de trabajo de los regidores evidencian una marcada ausencia de propuestas normativas o resultados concretos en sus funciones de vigilancia y legislación municipal. La mayoría solo listan asistencia a eventos y actividades sociales, sin evidencias de acciones relevantes en reglamentos, acuerdos o reformas públicas. La Ley Orgánica Municipal establece claramente que estos servidores deben actuar en pro de la legislación, fiscalización y gestión normativa, funciones que no parecen cumplir en la práctica.
Este escenario revela un alto costo político y económico por un modelo de gestión que, aunque cumple en presencia social, carece de resultados normativos tangibles y responsables. La suma anual en percepciones solo en este ayuntamiento supera los 32 millones de pesos, sin que hasta ahora hayan demostrado un impacto efectivo en la gestión municipal.