La postura de la próxima presidenta mexicana ante las instituciones y el control territorial refleja retos profundos heredados, además de obstáculos políticos internos.
La transición política en México enfrenta un complejo escenario en materia de seguridad pública, marcado por una serie de debilitamientos institucionales acentuados en los últimos años. La gestión de la administración anterior fue caracterizada por una fuerte militarización y una debilitación de las policías civiles, lo que ha debilitado la capacidad del Estado para planear, investigar y ejecutar políticas efectivas contra la delincuencia organizada. La presencia de cárteles que controlan territorios y economías ilícitas sigue en auge, con niveles alarmantes de violencia, extorsiones y desapariciones.
A pesar de ello, la futura mandataria del país mantiene una postura de continuidad con el modelo de la administración pasada, lo cual refleja un cálculo político que prioriza la lealtad a la versión oficial del proceso de transformación. Sin embargo, esta estrategia presenta una contradicción: el sistema de seguridad se ha convertido en un entramado fragmentado y capturado por grupos criminales, dificultando cualquier avance real sin cambios estructurales profundos. La militarización lleva años siendo vista como una solución temporal, pero no sustitutiva de una gobernanza civil sólida.
Superar estos obstáculos requiere decisiones firmes y reformas fundamentales: fortalecer las instituciones civiles de seguridad, recuperar la autonomía de las policías, impulsar una inteligencia criminal eficiente y garantizar una justicia que sancione con resultados tangibles. Solo así será posible revertir décadas de deterioro institucional y luchar eficazmente contra la criminalidad, dejando atrás un ciclo de fracasos que ha prolongado la crisis de seguridad en México.
La oportunidad de romper con esta historia está en la voluntad política de asumir decisiones difíciles y desafiar las inercias institucionales. La comprensión de que la seguridad no se impulsa solo con discurso, sino con acciones concretas, será clave para que el país pueda avanzar hacia una realidad más segura y organizada.