La cifra de sacerdotes asesinados en el país supera los 50 desde la escalada de violencia ligada al crimen organizado, evidenciando una crisis que desafía a las instituciones religiosas y sociales.
La violencia dirigida contra líderes religiosos en México ha incrementado notablemente en la última década, alcanzando más de 50 asesinatos registrados desde 2012. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han reportado al menos 10 homicidios de sacerdotes, mientras que bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la cifra suma dos casos recientes. El período con mayor incidencia fue durante la gestión de Enrique Peña Nieto, con 19 crímenes, evidenciando un patrón de hostilidad que ha afectado profundamente a la comunidad eclesiástica.
Expertos en seguridad advierten que estos actos reflejan una pérdida de respeto por las instituciones religiosas por parte del crimen organizado y un incremento en la violencia que pone en riesgo la labor social y humanitaria que muchos sacerdotes desempeñan en comunidades vulnerables. La monitorización de actividades comunitarias por parte de grupos criminales aumenta el peligro para quienes trabajan en favor de la reconstrucción social, como activistas y religiosos. Además, la impunidad que rodea estos crímenes agrava la crisis, dificultando que las autoridades logren ofrecer protección efectiva y justicia para las víctimas.
La escalada de violencia tiene raíces complejas, relacionadas con factores sociales, económicos y políticos, que fomentan ambientes donde la delincuencia puede actuar sin restricciones. La percepción de inseguridad y la profanación de templos, que cada semana enfrentan ataques y robos, reflejan una tendencia de desacralización que contribuye a la pérdida de valores en la sociedad. La Iglesia y organizaciones civiles llaman a la participación ciudadana y al Estado para implementar políticas que restauren la paz y brinden protección a quienes enfrentan estas amenazas en su labor cotidiana.