Aunque la nueva Corte refleja avances con más mujeres en cargos altos, persisten vacíos en representación indígena, afromexicana y trans, y se advierten riesgos para la justicia.
El 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una nueva etapa con la designación de Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena originario de Oaxaca, como su presidente. Este hecho representa un hecho histórico al tratarse de la segunda vez en su historia que la Corte es presidida por un representante indígena. La renovación del tribunal involucró el nombramiento de 881 cargos, incluyendo ministros, magistrados y jueces en distintos niveles del sistema judicial mexicano. Estas acciones buscan marcar un cambio en la dirección del poder judicial, comprometiéndose a atender las necesidades de pueblos y comunidades vulnerables.
El acto se acompañó de ritos tradicionales y la entrega simbólica de bastones de mando por parte de comunidades indígenas y afromexicanas en el Zócalo capitalino, en un intento por reconocer la diversidad social del país. No obstante, un análisis reciente revela que, en términos de representación efectiva, el avance es limitado. De las candidaturas presentadas, solo un pequeño porcentaje correspondía a población indígena, afromexicana, trans o con discapacidad, y ninguna de esas resultó elegida para cargos de máxima autoridad.
Además, a pesar de un incremento en la participación de mujeres en cargos judiciales, aún persisten prácticas que limitan la paridad sustantiva y perpetúan la exclusión. Se reportan casos donde candidatas con mayor apoyo fueron desplazadas en favor de otros perfiles, y denuncias relacionadas con violencia de género no fueron debidamente atendidas. La organización EQUIS Justicia para las Mujeres advierte que los mecanismos actuales no aseguran una justicia efectiva ni una representación verdaderamente diversa y autónoma.
Mientras se intentan consolidar avances hacia una justicia más plural, expertos alertan sobre posibles riesgos, como la parálisis judicial, debido a la falta de estructuras de transición adecuadas y a cargos vacantes no cubiertos todavía. El reto que enfrentará el sistema judicial en los próximos años será promover reformas que establezcan reglas claras para una elección judicial con mecanismos postulativos, de paridad y con perfiles independientes, para garantizar una justicia incluyente y equitativa a largo plazo.