La legislación, aprobada tras protestas campesinas y largas negociaciones, establece mecanismos para proteger los recursos hídricos y los derechos de los propietarios rurales en México.
En una histórica sesión legislativa, la Cámara de Diputados aprobó una reforma legal que busca regular el acceso y uso del agua en México, tras una semana de intensas negociaciones y protestas campesinas que incluyeron bloqueos en carreteras y en el recinto legislativo de San Lázaro. La aprobación llega después de más de 25 horas de discusión y responde a la necesidad de consolidar un marco jurídico que proteja los derechos de los propietarios rurales frente al mercado del agua, que en las últimas décadas se ha caracterizado por prácticas especulativas y acaparamiento.
Históricamente, el agua ha sido un recurso estratégico y en muchas comunidades rurales constituye un elemento vital para la agricultura y la subsistencia. La nueva legislación contempla cambios importantes, como la distribución de concesiones y la regulación del mercado de pozos, que anteriormente permitían compras y ventas sin restricciones, facilitando la acumulación de derechos que favorecían a unos pocos. Con las modificaciones, se prohíbe la venta de agua como un bien comercial, colocando el recurso como propiedad de la Nación, y establece mecanismos claros para la entrega de títulos en caso de transferencias de tierras. Esto busca reducir el mercado negro de pozos y prevenir el uso indebido de estos recursos.
Este cambio es particularmente relevante en un contexto donde estudios de instituciones académicas evidencian que una pequeña proporción de empresas y particulares controla una parte significativa del volumen total de agua concesionada, principalmente para actividades agrícolas e industriales. Es decir, la concentración del recurso en manos de unos pocos ha limitado el acceso para muchas comunidades y pequeños productores, afectando la equidad y la sustentabilidad del uso hídrico en el país.
El legislador Ricardo Monreal Ávila, originario de Zacatecas y con una profunda historia en movimientos campesinos, aseguró que la reforma prioriza los derechos de los agricultores y garantiza que no se privará a estos de su patrimonio hídrico ni de sus derechos adquiridos. Además, resaltó que la ley fomenta un uso responsable del agua, alineado a intereses nacionales y no a prácticas de especulación que han llevado a la pérdida de un recurso vital para la economía rural y la seguridad alimentaria.
Este avance legislativo refleja una voluntad política de equilibrar las necesidades económicas con la conservación de los recursos naturales, en un país donde las reservas hídricas enfrentan presiones crecientes. La implementación de estas medidas, además de proteger a los pequeños productores, busca fortalecer la gestión integral del agua y garantizar su uso racional en un contexto de amenazas por el cambio climático y el crecimiento poblacional.
PASADO Y CONTEXTO: La reforma al agua se inscribe en un esfuerzo más amplio por modernizar la gestión hídrica en México, permitiendo un uso más equitativo y sustentable del recurso. La regulación conocida como “los millonarios del agua”, que describe la concentración de concesiones, ha sido una problemática persistente, y este cambio legislativo pretende reducir esas desigualdades, promoviendo una gestión más transparente y responsable que beneficie a toda la población, especialmente a las comunidades rurales.