Agricultores y representantes alertan sobre la centralización del agua en el gobierno federal y la potencial desaparición del sector rural.
Diversos agricultores y legisladores han manifestado su preocupación ante la propuesta de una Ley de Aguas Nacionales que, en su forma actual, concentra la administración del recurso hídrico en el gobierno federal, poniendo en riesgo a los pequeños productores rurales. La centralización implicaría que los campesinos pierdan el control sobre sus derechos de concesión y el acceso al agua, recursos fundamentales para la agricultura familiar y sustentable.
Este escenario se enmarca en un contexto de aumento en las sequías que afectan varias regiones del país, incluyendo Chihuahua, donde los productores han enfrentado ciclos agrícolas erráticos y dificultades para mantener sus cultivos. La reducción en la disponibilidad de agua, sumada a restricciones en la transmisión y venta de concesiones, disminuye el valor de las tierras y limita las opciones de los agricultores para gestionar su patrimonio.
Con más de cinco años de cambios regulatorios y programas de apoyo eliminados, los pequeños productores temen que estas modificaciones legislativas puedan traducirse en la desaparición de sus negocios en el mediano plazo. La incertidumbre jurídica y la pérdida de derechos sobre recursos básicos constituyen un grave riesgo para la supervivencia del sector rural en varias regiones del país.
En este contexto, líderes agrícolas y políticos de oposición hacen un llamado urgente a los representantes en la Cámara de Diputados y el Senado para frenar estas reformas y proteger los derechos de los productores, quienes consideran que sus aportaciones y necesidades no han sido adecuadamente atendidas. La resistencia argumenta que la legislación debe priorizar la sustentabilidad y la autonomía de las comunidades agrícolas, en lugar de centralizar la gestión del agua en un único nivel de gobierno.
Este debate refleja una problemática más amplia sobre el manejo de los recursos naturales en México, donde la disponibilidad de agua y el respaldo institucional son claves para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural.