La violencia contra funcionarios municipales no distingue colores políticos, siendo Oaxaca y Michoacán las zonas más afectadas por disputas criminales.
Durante las últimas dos décadas y media, diferentes fuerzas políticas en México han sufrido la pérdida de alcaldes y presidentes municipales debido a la violencia extrema que enfrentan en distintas regiones del país. Este fenómeno, que afecta principalmente a municipios alejados de centros urbanos, refleja las difíciles condiciones en las que trabajan las autoridades locales en un contexto de alta presencia del crimen organizado y débil infraestructura estatal.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lidera con 42 alcaldes asesinados en este periodo. Su fuerte presencia territorial histórica, que le permitió gobernar numerosos municipios, ha aumentado la exposición de sus representantes a los riesgos asociados con disputas criminales y conflictos territoriales. Sin embargo, la violencia no se limita a un solo partido: también han sido víctimas 16 alcaldes del PRD, 14 del PAN, 8 de Morena, entre otros, y varias muertes han ocurrido en municipios sin afiliación partidista formal.
En cuanto a las regiones, los estados con mayor incidencia de asesinatos de alcaldes incluyen Oaxaca, con 29 casos; Michoacán, con 23; y Veracruz, con 15. Estos territorios comparten características comunes, como la presencia de grupos criminales regionales, disputas por control territorial y capacidades policiales limitadas. La situación refleja la persistente inseguridad en zonas donde las instituciones estatales enfrentan dificultades para garantizar la protección de sus autoridades.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en noviembre de 2025, se enmarca en esta problemática estructural. Este hecho reavivó los debates sobre las estrategias necesarias para salvaguardar la integridad de los gobiernos municipales, promoviendo acciones más efectivas frente a la amenaza del crimen organizado. La creciente vulnerabilidad de las autoridades municipales evidencia la urgencia de fortalecer las capacidades de protección y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.