La venta ilegal de cajetillas de cigarrillos y vapeadores, controlada por grupos criminales, genera miles de millones de pesos al año y se vincula con extorsiones y violencia en varias regiones del país.
En México, la economía clandestina derivada del “narcotabaco” ha emergido como un negocio millonario que alimenta la violencia y la impunidad en diferentes regiones. Este mercado ilícito, que involucra la venta de cigarrillos y vapeadores en las calles, ha alcanzado cifras de ingresos cercanas a los 20 mil millones de pesos anuales, según informes de organizaciones dedicadas a la investigación en crimen organizado. La modalidad aprovecha avances tecnológicos y prácticas delictivas, incluyendo la extorsión a pequeños comercios, para consolidar su presencia en zonas vulnerables.
El costo de una cajetilla del “narcotabaco” puede llegar hasta los 150 pesos, siendo la más cara en el mercado ilícito y siendo vendida principalmente en áreas de Tierra Caliente y el sur del Estado de México. La mercancía suele ser producida a partir de importaciones ilegales de Asia o del robo de cargamentos de tabaco, luego rebajada y empaquetada con marcas propias de los grupos criminales, como la denominada “Nueva Familia Michoacana”. Además, cada cajetilla lleva un código de barras y un logotipo peculiar que permite a los narcotraficantes monitorear las ventas y evitar regateos en los cobros de extorsión.
El uso de estos recursos económicos facilita la adquisición de armamento y equipo táctico para los cárteles, intensificando la disputa por territorios y plazas de influencia. La venta de “narcotabaco” representa, por tanto, un elemento clave en la estrategia de financiamiento de las organizaciones criminales mexicanas, que buscan mantener y expandir su poder en un contexto de alta inseguridad y violencia.
Este fenómeno refleja los impactos de la economía ilegal en la seguridad pública, evidenciando cómo las actividades ilícitas se diversifican y adaptan para mantenerse vigentes. La lucha contra esta problemática requiere un enfoque integral que combata tanto la producción como la distribución, además de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para desmantelar estas redes delictivas.