Las agrupaciones criminales emplean aeronaves no tripuladas para monitorear rutas y perpetrar emboscadas, generando preocupación en las autoridades.
En los últimos años, el uso de drones por parte de los grupos delictivos en México ha experimentado un incremento notable, transformándose de simples dispositivos recreativos en herramientas sofisticadas para labores criminales. Estas aeronaves sin piloto se han integrado en las operaciones del crimen organizado, permitiendo monitorear territorios, detectar operativos policiales y ejecutar emboscadas en puntos estratégicos.
El fenómeno ha llamado la atención de las autoridades encargadas de la seguridad nacional, que en apenas un año han confiscado cerca de 65 unidades en diferentes estados como Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, regiones con presencia significativa de cárteles de la droga. La facilidad de adquisición y la posibilidad de modificar estos aparatos hacen que sean una opción económica y efectiva para actividades ilícitas.
Expertos en seguridad señalan que los grupos criminales utilizan drones para trasladar paquetes de droga, cargar armas o explosivos y vigilar sus plazas. La capacidad de cargar hasta 10 kilos tras algunas adaptaciones los hace particularmente peligrosos, ya que pueden transportar cargas útiles de gran peso y precisión. Además, el costo de estos dispositivos varía desde algunos cientos hasta decenas de miles de pesos, pero las modificaciones pueden incrementar sustancialmente su potencial destructivo y lucrativo, generando ganancias ilícitas millonarias.
La incorporación de estos vehículos a las operaciones del crimen organizado ha llevado a un aumento en ataques a puntos clave, incluyendo atentados con explosivos y bombardeos en algunos casos. La venta y compra indistinta de drones en el mercado civil violan normativas de la Ley de Aviación Civil, que exige registro y permisos para su operación, requisitos que en la práctica muchas veces son ignorados por los traficantes.
Este creciente uso de drones en actividades criminales evidencia una tendencia que complica las tareas de control y vigilancia, requiriendo nuevas estrategias y tecnologías para mitigar su impacto en la seguridad pública.