Chilapa, Guerrero. - El desplazamiento forzado de cerca de mil indígenas nahuas ha sido provocado por la intensificación de ataques armados perpetrados por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos. Esta situación ha llevado a las comunidades de Tula, Acahuetlán y Xicotlán a abandonar sus hogares, sumando un nuevo capítulo a la crisis humanitaria en la región.
Desde principios de mayo, las familias han enfrentado una ola de violencia que incluye asesinatos, quema de viviendas y agresiones a mano armada, destacando el uso de drones como parte de las ofensivas. Los habitantes han expresado su frustración ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, señalando que el Ejército fue testigo de los ataques sin intervenir.
El conflicto territorial entre Los Ardillos y organizaciones como el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata ha generado un clima de inseguridad. Autoridades federales, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han vinculado a estas organizaciones con la delincuencia, aunque el Cipog-EZ rechaza esta categorización y argumenta que el Estado ha fallado en proteger a la población.
En respuesta a la situación, la Secretaría de Gobernación ha colaborado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para abordar las demandas de seguridad y asistencia humanitaria. Se han establecido medidas para facilitar el retorno de los desplazados y garantizar el acceso a servicios básicos. Sin embargo, se insiste en la necesidad de una solución duradera que reconozca las violaciones a derechos humanos.
Organismos de derechos humanos han documentado el impacto de la violencia, reclamando justicia por los asesinatos y desapariciones en la zona. Se han reportado al menos 80 indígenas asesinados y 25 desaparecidos. Organizaciones tanto nacionales como internacionales han comenzado a movilizar ayuda humanitaria para los afectados, incluyendo alimentos y artículos de primera necesidad.
Con información de telesurtv.net