Un informe revela que en los últimos años, los ministros religiosos enfrentan violencia constante, con múltiples ataques, amenazas y profanaciones a templos en todo el país.
El ejercicio del ministerio sacerdotal en México sigue siendo una de las actividades más riesgosas en América Latina, debido a una serie de hechos violentos documentados en un reciente informe. Desde 1990, se reportan alrededor de 95 casos que incluyen homicidios, agresiones, amenazas y ataques a iglesias, reflejando un panorama de inseguridad y hostilidad que se ha intensificado en los últimos años.
Entre 2018 y 2024, la situación se agravó con la muerte de una decena de sacerdotes y diversas amenazas que afectan a religiosos y comunidades religiosas en varias regiones del país. La violencia no solo se limita a ataques físicos; cada semana, en promedio, se registran más de 26 incidentes como robos o profanaciones de templos, con un aumento significativo en el número de ataques a recintos sagrados, que son asaltados o dañados cada semana.
Casos recientes ejemplifican este clima de peligro constante. En abril de 2024, un obispo destacado fue víctima de un asalto en la autopista Puebla-Orizaba, y en varias otras ocasiones, figuras de la jerarquía católica han sido secuestradas, asaltadas o agredidas, incluyendo ataques con armas blancas. La violencia también se dirige hacia los pastores en comunidades indígenas y urbanas, con amenazas y homicidios que conmueven a la Iglesia mexicana.
El aumento de delitos contra el clero se acompaña de una preocupante tendencia en ataques a templos y lugares de culto. La frecuencia de estos eventos ha crecido en un contexto donde el crimen organizado y la intolerancia religiosa se convierten en factores determinantes. La mayoría de los agresores corresponden a bandas del crimen organizado y actores motivados por odio o discriminación, dificultando aún más la protección de estos espacios sagrados. México lidera en la región los ataques a recintos religiosos, seguido por países como Colombia y Brasil.
El análisis histórico revela que la violencia contra la Iglesia en México tiene raíces profundas, con numerosos casos de asesinatos y desapariciones de sacerdotes y dirigentes religiosos desde hace más de tres décadas. Los estados con mayor incidencia son Guerrero, Ciudad de México, Chihuahua y Michoacán, donde la conflictividad social y el control del territorio por grupos criminales generan un riesgo permanente para quienes ejercen su ministerio.
Este contexto refleja una problemática estructural que evidencia vacíos en la protección de los derechos de los religiosos, así como la fragmentación del Estado de derecho nacional. Expertos y organizaciones piden fortalecer las medidas de seguridad, crear un censo nacional de agresiones y proteger el patrimonio religioso, además de brindar acompañamiento a las comunidades afectadas. La falta de justicia y reparación mantiene una situación de impunidad que alimenta la violencia y la tensión en el país.