La readscrición de María Emilia Molina, reconocida por su postura independiente, genera preocupación y debate sobre la autonomía judicial en México.
Recientemente, la magistrada María Emilia Molina fue transferida del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Primer Circuito a un Tribunal en Guerrero. Esta decisión, que ocurrió sin un motivo claramente justificado, ha sido interpretada por diversos sectores como una reacción ante sus posturas críticas respecto a la reforma judicial y la elección de jueces en el país. La magistrada, conocida por su firmeza en la defensa de la independencia judicial y por sus observaciones sobre posibles deficiencias en la capacitación de nuevos jueces, ha expresado públicamente su preocupación frente a movimientos que parecen limitar la libertad de expresión y la autonomía de los magistrados. Su organización, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, además, condenó la forma en que jueces en retiro fueron desalojados de forma violenta y empujados por fuerzas policiales mientras reclamaban sus derechos. La reubicación de Molina se suma a otros casos similares y ha generado un debate sobre la discrecionalidad en las adscripciones judiciales y el respeto a la independencia del poder judicial en México, en un contexto donde las decisiones parecen estar influenciadas por posturas críticas a las reformas implementadas en los últimos años.