Las autoridades mexicanas y estadounidenses señalan a Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, por dirigir operaciones criminales de contrabando de combustibles en la región y en Estados Unidos.
El crimen organizado continúa expandiendo su alcance a través de sofisticadas actividades ilícitas en México y Estados Unidos. Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, es considerado uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Desde su detención en 2015 en Jalisco, se presume que mantiene influencia en las operaciones de robo de combustibles, también conocido como huachicol, en estados como Jalisco y Veracruz, incluso desde prisión.
La modalidad de estos delitos ha sufrido una transformación significativa con la incorporación de redes internacionales. Recientes investigaciones señalan que bandas vinculadas a “El Tanque” han utilizado empresas fachada en Estados Unidos para introducir millones de dólares en crudo mexicano, siendo una de las mayores fuentes de ganancias ilícitas del cártel. Estas redes canalizan recursos hacia empresas estadounidenses y distribuyen combustibles en estaciones de servicio mexicanas y en zonas de Texas y Centroamérica.
El robo de combustible resulta ser uno de los delitos más lucrativos para el CJNG, generando pérdidas millonarias para Pemex, que reportó casi 15 mil casos de tomas clandestinas solo en 2023, con pérdidas que superan los mil millones de dólares. Las acciones internacionales buscan quebrar financieramente estas operaciones, y en ese contexto, las sanciones recientes evidencian la lucha por frenar la influencia del crimen organizado en ambos lados de la frontera.
Este escenario también se entrelaza con otras actividades ilícitas del CJNG, como el tráfico de cocaína y armas, en un contexto donde su líder, Nemesio Oseguera “El Mencho”, ha sido destacado como uno de los principales narcotraficantes en Estados Unidos. La lucha contra estas redes criminales sigue siendo una prioridad para las autoridades mexicanas y estadounidenses, que buscan reducir su impacto económico y violento en la región.
