Las autoridades vinculan al exfuncionario con el crimen organizado, mientras operaciones y mapas de inteligencia revelan su influencia en la región.
En 2021, diversos informes de inteligencia revelaron que Hernán Bermúdez Requena, quien fue recientemente capturado en Paraguay, mantenía vínculos con el crimen organizado en el sureste mexicano. Los documentos filtrados indican que Bermúdez fue señalado como líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, que opera en varias entidades del país, particularmente en Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. La presencia de esta agrupación ha agravado la inseguridad, especialmente en municipios clave donde disputan territorios para el trasiego de drogas, hidrocarburos y migrantes.
Más allá de sus funciones como servidor público en la Secretaría de Seguridad de Tabasco, Bermúdez habría utilizado su posición para favorecer los intereses del cártel, operando desde el gobierno para proteger sus actividades ilícitas y eliminar rivales. La inteligencia militar y policial advirtieron sobre su influencia en la región durante años, y, pese a varias advertencias, permaneció en el cargo hasta principios de 2024, cuando renunció en medio de una escalada alarmante de violencia. La organización criminal continuó sus operaciones en la zona, incrementando los hechos violentos, bloqueos y ataques en diciembre de 2023.
El análisis de inteligencia también señala que Bermúdez fue uno de los principales actores en un mapa delictivo que identifica a nueve grupos enfrentados en la región, con presencia en diversos municipios donde se disputan rutas estratégicas de transporte y transporte ilícito. La vinculación con el cártel Jalisco Nueva Generación quedó evidenciada en varios registros oficiales, que lo describen como un elemento clave en la estructura delictiva en la zona. En julio pasado, se activó una orden de aprehensión internacional contra él, luego de que abandonara México tras su salida del estado en enero del mismo año.
El caso evidencia la complicidad entre redes criminales y actores gubernamentales que, durante años, facilitaron el avance de organizaciones como el CJNG en la región sureste del país. La captura en Paraguay y la alerta internacional despiertan nuevas incógnitas sobre la penetración de estos grupos en distintos niveles del poder público y la necesidad de una estrategia coordinada para erradicar su influencia.