La estrategia de control territorial y operativa delictiva protagonizada por Bermúdez Requena revelada en investigaciones que evidencian su vínculo con el crimen organizado en la región.
El crecimiento de la actividad delictiva en la región de Tabasco ha sido reforzado por una red que combina influencia política y operaciones criminales coordinadas. Hernán Bermúdez Requena, quien actualmente cumple una sentencia en “El Altiplano”, ejerció un papel determinante en la consolidación de redes delictivas durante su gestión como secretario de Seguridad en la entidad. Aprovechando la desintegración del cártel de Los Zetas en la zona, Bermúdez estableció vínculos con exintegrantes del grupo, quienes posteriormente pasaron a colaborar con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Investigaciones del equipo de análisis estratégico destacan que Bermúdez Requena dividió el territorio en porciones controladas por diferentes grupos criminales, permitiendo que operaran sin interferencias mayores. Desde su posición en el gobierno, impartió instrucciones para la recaudación de cuotas, control de actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de migrantes y drogas, e incluso órdenes de violencia contra rivales. Estos hechos fueron documentados en informes clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, revelados por filtraciones internacionales, que confirman reuniones con líderes de los grupos armados, además de una estructura operacional que involucra a exmilitares y ligados a la delincuencia organizada.
Entre los principales actores vinculados a este entramado destaca Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, encargado del tráfico internacional hacia Veracruz y Tamaulipas, y Euler Ruvalcaba Colorado, alias “El Rayo”, responsable de la recaudación por huachicol en varias regiones. También se señala la relevancia de Juan José de la Cruz Sánchez, alias “JJ”, quien coordinaba las acciones violentas en distintas localidades de Tabasco y Chiapas, bajo las órdenes de Bermúdez. Esta red evidencia cómo la influencia del crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones y se ha convertido en un factor estructural en la seguridad regional, destacando la necesidad de un esfuerzo coordinado para desmantelarla.
El análisis de estos hechos pone en perspectiva la complejidad de las problemáticas de seguridad en la zona, donde actores políticos y criminales parecen entrelazados, comprometiendo la estabilidad y el bienestar de la población local.