Delincuencia organizada diversifica actividades ilícitas, afectando la economía, comunidades y negocios en varios estados desde hace años.
Desde 2019, la problemática de la extorsión ha evidenciado un incremento sostenido en México, afectando tanto a comunidades como al sector empresarial en distintas regiones del país. Los grupos delictivos han diversificado sus métodos, generando recursos mediante extorsiones que impactan la economía y la seguridad social. En entidades como el Estado de México y Guerrero, diversos negocios y productores agrícolas enfrentan cuotas informales que elevan los costos de producción y encarecen productos básicos, como el limón. La situación se ha agravado en estos estados, donde las organizaciones criminales, a menudo vinculadas a cárteles de gran alcance, ejercen presión a través de amenazas y violencia moral para obligar a los comerciantes a pagar. Este contexto refleja un patrón sistemático que causa daños económicos colectivos, provocando cierres de negocios y disminución en la competitividad regional. La inseguridad se ha convertido en un obstáculo para la recuperación económica y la estabilidad social, extendiéndose en municipios de alto valor estratégico y en sectores vulnerables que luchan por mantener sus actividades. La persistencia de estas prácticas delictivas subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y justicia para contrarrestar la expansión de la extorsión en el país, teniendo en cuenta que su impacto va más allá de las víctimas directas, afectando todo un ecosistema económico y social.