El alcalde de Juárez congrega a miles de simpatizantes, líderes políticos y empresariales en su informe de gobierno, consolidando su proyecto en la frontera.
El pasado fin de semana, Ciudad Juárez fue escenario de un destacado evento político encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien celebró su cuarto informe de gobierno en el estadio 8 de Diciembre. La asistencia de entre 15 mil y 20 mil personas refleja la influencia del edil y la movilización meticulosa de su grupo operativo, especializado en movilización electoral, en un contexto donde la arena política local está marcada por divisiones internas.
El evento contó con la presencia de figuras políticas, empresariales y representantes de organismos oficiales, entre ellas, el diputado Ricardo Monreal, quien reforzó apoyos para los proyectos futuros del alcalde, además de otros legisladores federales como Mayté Vargas y Alex Pérez Cuellar. La visita de Bertha Luján, figura histórica en Morena y madre de la actual Presidenta Nacional Luisa María Alcalde, generó especial interés, marcando un respaldo significativo desde las filas del partido.
Asimismo, acudieron dirigentes de la región, incluyendo al alcalde de El Paso, Renard Johnson, y representantes del sector empresarial local, consolidando un amplio respaldo a las aspiraciones políticas de Pérez Cuéllar. En el mismo contexto, en eventos separados en la capital del estado, la senadora Andrea Chávez reunió a diversos legisladores y líderes políticos nacionales para reafirmar su proyecto y presencia política, en medio de un escenario marcado por la fragmentación interna de Morena en Chihuahua.
Por otro lado, en el ámbito judicial, se anunció la normalización de actividades en el Poder Judicial del Estado, tras la integración del nuevo órgano de administración encabezado por Karla Esmeralda Reyes Orozco, con la finalidad de reactivar procesos judiciales y garantizar la continuidad del sistema judicial en la entidad, con un equipo experimentado y cercano a exasesores del Tribunal Superior de Justicia.
Este proceso refleja un esfuerzo de consolidación institucional, además de un respaldo político que busca fortalecer el trabajo en la frontera y en el Estado en un momento de dinamismo político y judicial.