La justicia retoma el caso que dejó heridas abiertas en la historia política de México, vinculando a un exagente con el fatal atentado de 1994.
Tres décadas después del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, un tribunal mexicano ha dictado auto de formal prisión contra un exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega. La decisión fue tomada en Almoloya de Juárez, donde el juez consideró que existen elementos probatorios suficientes para que siga su proceso penal por homicidio calificado en relación con el atentado ocurrido en Tijuana en 1994.
La Fiscalía General de la República ha detallado que Sánchez Ortega fue identificado como uno de los tiros que impactaron al político en la colonia Lomas Taurinas, durante un acto de campaña. La reciente captura del exagente, tras su reaprehensión en Tijuana, ha reactivado una investigación que durante años permaneció en la sombra, sustentada en testimonios y peritajes que apuntan a su implicación directa en los hechos.
El caso, que se enmarca en un proceso que aún se desarrolla bajo el antiguo sistema penal inquisitorio, adquiere relevancia no solo por la reactivación judicial, sino también por los análisis históricos que comprueban la presencia de vínculos internos en la estructura del poder de aquella época, incluyendo nombres como Genaro García Luna, quien en su momento tuvo participación en la policía y en los órganos de inteligencia que operaban en el país. La resolución abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para uno de los crímenes más impactantes en la historia moderna mexicana.
Este proceso marca un intento por cerrar heridas abiertas y reconstruir un capítulo oscuro que ha perseguido a México por más de 30 años. La vía judicial, con pruebas revisadas y nuevas investigaciones, apunta a esclarecer los detalles y responsables del atentado que cambió la historia política del país.