Avances de la fiscalía revelan una compleja red de extorsiones y vínculos con carteles de droga, afectando a miles de gasolineras en México.
En una investigación en curso, las autoridades mexicanas detectaron una estructura ilícita que involucra a servidores públicos de diversas instituciones, incluyendo a la Secretaría de Gobernación y Petróleos Mexicanos, en actividades de extorsión contra propietarios de gasolineras. La investigación ha identificado un grupo que exigía cuotas a aproximadamente seis mil estaciones de servicio en todo el país, llegando a vínculos con células del Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos, con el objetivo de obtener ganancias ilegales mediante el cobro de extorsiones y la venta de combustible clandestino. Además, se reveló que dichas operaciones estarían relacionadas con el comercio de gasolina robada, conocida como huachicol, en una estrategia que buscaría ampliar la red de distribución ilícita.
Los elementos probatorios incluyen conversaciones telefónicas en las que funcionarios de la Profeco mantenían contacto con actores en la Secretaría de Gobernación y Pemex para coordinar negocios ilegales relacionados con la compraventa de combustible. La investigación ha demostrado además que el dinero generado por estas actividades ilícitas alcanza aproximadamente 220 millones de pesos mensuales, con la intención de incrementar las ganancias a través de la venta de gasolina en condiciones clandestinas. La fiscalía ha indicado que estos hechos constituyen un grave caso de corrupción que compromete a altos niveles de las instituciones involucradas y que pronto habrá imputaciones oficiales contra al menos 20 servidores públicos implicados.
El contexto de estas actividades ilícitas revela una problemática mayor en la seguridad y el control del mercado de hidrocarburos en México, poniendo en evidencia cómo las redes criminales aprovechan estas instituciones para extender su influencia y mantener operaciones de extorsión, robo y venta ilegal de combustible, afectando la economía formal y la seguridad de los ciudadanos.