Salamanca, Guanajuato. – Ante las cambiantes condiciones migratorias y la significativa presencia de guanajuatenses en América del Norte, se propone la reconversión de las Casas de Representación del Estado en Organizaciones sin fines de lucro con enfoque binacional, multisectorial y autosustentable.
La iniciativa, planteada por el abogado migrante Omar Silva Aguilar, busca enviar una propuesta a los legisladores locales David Mendizal y Yessenia Rojas, así como a la senadora Virginia Magaña. El objetivo es proteger los derechos humanos y legales de la comunidad migrante, facilitar el acceso a tecnología e innovación, promover la inversión productiva, impulsar la educación y la movilidad académica, establecer redes de cooperación y preservar la identidad cultural guanajuatense.
Silva Aguilar argumenta que el modelo actual presenta limitaciones legales, presupuestales y operativas. La transformación a organizaciones sin fines de lucro permitiría evolucionar de un modelo asistencial a uno estratégico y autosustentable, alineado con los desafíos actuales de la migración y la globalización.
Con más de 1.2 millones de guanajuatenses residiendo en Estados Unidos y una creciente presencia en Canadá, el reto incluye atender la migración irregular, deportaciones, acceso a justicia, integración económica y preservación cultural. El modelo actual, dependiente presupuestalmente del gobierno estatal y con restricciones para recibir fondos externos, limita su capacidad de acción.
Las organizaciones sin fines de lucro tendrían acceso a fondos filantrópicos, mayor legitimidad comunitaria y profesionalización de servicios, con continuidad más allá de los ciclos políticos. Se propone articular esfuerzos legales, tecnológicos, económicos, educativos, culturales y de cooperación internacional en beneficio de la comunidad.
Se desarrollará una propuesta de figura jurídica, gobernanza, estructura organizacional y órganos de gobierno, con principios rectores y ejes estratégicos de acción. Guanajuato, siendo un principal estado de origen de trabajadores agrícolas temporales en EE.UU. y en programas de movilidad laboral en Canadá, enfrenta riesgos estructurales como abusos laborales y desinformación. La propuesta busca transformar la movilidad laboral temporal en un mecanismo seguro, legal, digno y productivo.
La propuesta se prevé iniciar en ciudades clave como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Atlanta y Toronto, buscando así una evolución hacia un modelo estratégico, autosustentable y comunitario.