Riesgo de fractura interna en partido ante cercanía de elecciones 2027; debate sobre costo político de una posible salida de Alejandra Gutiérrez.
León, Guanajuato. La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato enfrenta una seria crisis interna derivada del conflicto entre la gobernadora Libia Dennise García y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. La disputa, que se agudiza a menos de dos años de las elecciones de 2027, pone en riesgo la estabilidad del partido en la entidad y genera divisiones significativas entre sus militantes.
La pugna se centra en diferencias políticas y estratégicas que, según versiones, han escalado a un punto donde algunos sectores del panismo abogan por no ceder más ante la alcaldesa de León y considerar su salida del partido. Sin embargo, otros miembros, más prudentes, advierten sobre el grave costo político y electoral que implicaría una renuncia de Gutiérrez Campos, argumentando que subestimar su influencia fuera del partido sería un error táctico.
Los sectores más sensatos dentro del PAN señalan que la eventual partida de la alcaldesa de León no debe medirse únicamente por lo que ella pueda lograr individualmente, sino por el impacto negativo que tendría en la estructura y la votación del partido. La preocupación principal radica en la posibilidad de abrir un frente de conflicto a año y medio de los comicios, especialmente en un municipio que representa un tercio del electorado guanajuatense. La perspectiva de tener que gobernar o lidiar con desafíos permanentes junto a una figura política en conflicto interno, y la consecuente necesidad de regatear recursos y apoyos, genera inquietud.
Existe un sector dentro del partido que, con lo que se percibe como soberbia, considera que el municipio de León no está en riesgo electoral para 2027, asumiendo que Morena no lograría ganar en esa plaza. Esta percepción se basa en la existencia de un alto porcentaje de electores que, independientemente de su afiliación partidista, manifiestan una fuerte oposición a la llegada de Morena al poder.
La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos ha sido criticada por el momento elegido para manifestar su inconformidad, coincidiendo justo antes de la discusión de las leyes de ingresos y el presupuesto para 2026. Se señala que este “mal timing” para expresar sus descontentos, especialmente después de que un par de regidores la habrían “traicionado” al unirse a la gobernadora, resta solidez a su narrativa de queja. Argumentos más sólidos, según observadores, podrían presentarse en el contexto del reparto de los 4 mil millones de pesos de deuda, donde sí tendría bases para exigir obras específicas.
A pesar de las diferencias, tanto el PAN como la gobernadora Libia Dennise García no pueden permitirse subestimar las consecuencias de una ruptura total con la alcaldesa, especialmente de cara a las elecciones de 2027. Si bien hay voces que claman por no ceder más ante presuntos chantajes y poner fin a las concesiones, la realidad política sugiere que un PAN en su actual estado de crisis podría no soportar la defección de una figura como Alejandra Gutiérrez en un momento electoral crucial.
El dirigente Carlos Medina ha declarado que ya se ha logrado convencer a Alejandra Gutiérrez de permanecer en el PAN. Sin embargo, la estrategia de la alcaldesa de “levantar la bandera blanca” justo cuando se aproxima el reparto de recursos, una ocasión que podría ser aprovechada para victimizarse, no parece una maniobra completamente lógica para todos los actores políticos. La situación general apunta a la necesidad de que todas las partes involucradas evalúen cuidadosamente sus movimientos, pues el riesgo de un resultado negativo para todos es palpable.
En un contexto histórico, la figura de Luis Ernesto Ayala Torres, quien se mantuvo vigente como aliado de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, recuerda la complejidad de la política panista en Guanajuato. Ayala Torres, con una trayectoria que incluye ser alcalde de León en dos ocasiones, síndico y secretario de Estado, fue protagonista en el arranque del nuevo siglo. Su figura emerge en el recuerdo en relación con escándalos de corrupción que involucraron al DIF Estatal durante la administración del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012). En enero de 2011, la directora general del DIF, Aída Angélica Silva Castillo, renunció para no entorpecer investigaciones por corrupción. Estas investigaciones, lideradas por la Secretaría de Gestión Pública, apuntaban a la adjudicación de contratos directos por 80 millones de pesos a la empresa Impulsora Comercial Estrella, propiedad de la nuera de Elías Villegas Torres, influyente miembro de El Yunque y padrino político del entonces gobernador. La presión de figuras panistas como los senadores Ricardo Torres Origel y Luis Alberto Villarreal, así como el coordinador de diputados federales, José Erandi Bermúdez, exigía que las investigaciones llegaran hasta sus últimas consecuencias, invocando la congruencia del PAN en su lucha contra la corrupción. Las anomalías detectadas incluían la sobrevaloración de bienes informáticos, uso inadecuado de recursos y falta de probidad en el manejo de fondos públicos, afectando directamente a quienes ocupaban cargos administrativos, aunque la esposa del gobernador, Marta Martínez, también se encontraba en el centro de la polémica mediática. Esta historia subraya la recurrente tensión entre la aspiración de transparencia y la realidad de las disputas de poder dentro del partido.