La Fiscalía Federal indaga posibles nexos de Montserrat Caballero con el crimen organizado, en medio de acusaciones y controversias en Baja California.
En un nuevo capítulo que reaviva las sospechas sobre la relación entre actores políticos y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en contra de Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La indagatoria, que se inició al menos desde octubre de 2021, involucra a colaboradores cercanos y busca esclarecer posibles conexiones con grupos delictivos que operan en la región.
La fiscalía de Baja California informó que la investigación abarca a varios exfuncionarios de la administración de Caballero, además de solicitar información a diversas instancias nacionales y a la Embajada de Estados Unidos, dada la complejidad y amplitud del caso. Entre los señalados en el expediente se encuentran su hermano, quien ocupaba el cargo de secretario personal; su exsecretario particular; y otros excolaboradores, lo que sugiere una línea de investigación que profundiza en el entorno cercano a la exalcaldesa durante su gestión.
Este proceso judicial se produce en medio de antecedentes que han generado inquietud social: en mayo de 2023, un incidente violento en el que un miembro de su seguridad resultó herido alimentó las hipótesis de disputas con células criminales, aunque posteriormente los testigos se retractaron. La autoridad municipal también ha abierto investigaciones administrativas relacionadas con patrimonio y adquisición de inmuebles, tras las cuales Caballero ha presentado documentación adicional para aclarar su situación patrimonial.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó públicamente la existencia de la pesquisa, asegurando que la investigación se realiza de manera autónoma y que no se trata de una persecución política. En declaraciones recientes, señaló que la indagatoria corresponde a una labor de la Fiscalía Federal, calificando al proceso como una acción seria y alejada de prejuicios políticos, en un momento de tensiones internas en Morena, el partido al que ambas pertenecen.
Por su parte, la exalcaldesa de Tijuana ha denunciado lo que califica como una estrategia política en su contra, acusando a la gobernadora de intentar despojarla de bienes y afectar su vida personal y profesional. Caballero ha asegurado que enfrentará las investigaciones y solicitado transparencia en los procesos, mientras las versiones oficiales insisten en que la ley se aplicará de manera justa en todos los casos relacionados con posibles vínculos delictivos.
En el estado vecino, otra figura de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, también ha sido sancionada por Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la incluyó en su lista de sanciones y bloqueó bienes bajo jurisdicción estadounidense, en un contexto de mayor atención sobre la presencia del crimen organizado en la política local.
Este escenario refleja la creciente preocupación por la presencia de vínculos delictivos en la clase política y la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada en la región.