La auditoría estatal inició una pesquisa tras denuncias legislativas que señalan irregularidades en la transferencia de un predio en Salamanca a la automotriz Mazda.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ha admitido oficialmente una denuncia que señala posibles irregularidades en la transferencia de un terreno estatal a la empresa Mazda Motor Manufacturing de México, en Salamanca. La denuncia, presentada por varios diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), desencadenó una investigación para esclarecer si hubo manejo indebido de recursos públicos o violaciones legales en este proceso.
El conflicto se originó en octubre, cuando el Congreso local aprobó la desafectación de una fracción del Rancho Crucitas Espuelas de FFCC-B y autorizó la donación del inmueble a Mazda. La autoridad estatal argumentó que esta acción busca impulsar el desarrollo económico, pero críticos, incluidos legisladores, señalaron que la medida podría representar un uso indebido del patrimonio público y violaciones legales, dada la naturaleza del contrato de comodato celebrado en marzo de 2024.
Los denunciantes acusan que dicho acuerdo pudo contravenir normativas sobre el patrimonio inmobiliario del Estado, además de implicar posibles actos de corrupción o abuso de autoridad. La investigación apunta a determinar si hubo desviación de recursos, incumplimiento legal o abuso de funciones por parte de los servidores públicos involucrados en el proceso, y contempla potenciales sanciones y nulidades del contrato, si se comprueba alguna ilegalidad.
Este caso no solo pone en jaque la transparencia en el manejo de bienes del Estado, sino que también contextualiza la preocupación sobre la equidad en la gestión de recursos públicos en un escenario donde las inversiones industriales son clave para el desarrollo regional. La revisión de estos procesos es vital para fortalecer la rendición de cuentas y prevenir la discrecionalidad en decisiones que afectan el patrimonio estatal.