El Estado solicita a la Federación inhibir comunicaciones en penales, tras detectar que centros penitenciarios son origen de llamadas extorsivas a nivel nacional. Guanajuato ha solicitado formalmente a las autoridades federales la inhibición de señal telefónica en centros penitenciarios, con énfasis en un penal de Tamaulipas, considerado responsable de originar múltiples llamadas de extorsión hacia distintas regiones del país. La petición fue presentada durante la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, en medio de un incremento en las denuncias por este delito en la entidad. En los últimos informes, Guanajuato reportó más de mil 60 casos de extorsión, representando el 16.38% del total nacional, lo que subraya la gravedad de esta problemática en la región. La solicitud forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno de México, que combina la inhibición de señal con un endurecimiento de la legislación y mayores recursos para la atención y prevención del delito. El control de llamadas ilícitas desde penales busca interrumpir una modalidad de extorsión que depende del uso no autorizado de teléfonos móviles en las cárceles, impidiendo que las llamadas malintencionadas lleguen a víctimas en hogares y negocios. Expertos en seguridad advierten que estas acciones son clave para reducir la incidencia de extorsiones y proteger a la ciudadanía. Además, las autoridades instan a la población a no responder a llamadas sospechosas, no compartir datos personales, y reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión mediante las líneas oficiales 089 y 911. Este esfuerzo refleja la prioridad del gobierno federal y estatal de enfrentar un fenómeno que, pese a los esfuerzos, continúa siendo un reto destacado en la agenda de seguridad pública de México. La colaboración interinstitucional y la implementación de medidas tecnológicas son fundamentales para hacer frente a estas actividades delictivas que afectan la estabilid
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